Una autopista podría atravesar el Gran Bosque de Agua, en los límites del poniente del Distrito Federal con el Estado de México. Este bosque, uno de los últimos proveedores de agua y aire puro en la zona conurbada, será cortado por la autopista Toluca- Naucalpan, concesionada a la constructora Teya (filial de Grupo Higa) y promovida como “autopista verde”. El pasado 9 de julio, la presidencia de la República publicó un decreto de expropiación en el Diario Oficial de la Federación para abrir paso, “legalmente”, a las obras de construcción de la carretera.

En respuesta, el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra mantiene un campamento de resistencia en uno de los terrenos expropiados. El paso de maquinaria está bloqueado, temporalmente, por pequeñas barricadas de piedra y troncos. La herida en la tierra roja dejada por el paso previo de trascavos está cubierta en algunos puntos con cemento y una vena de agua que antes fue un pozo comunitario, se encharca. Los otomíes tienen prohibido ingresar en los terrenos, por lo que hay preocupación por posibles represalias.

El clima es frío por la altura aunque los niños parecen despreocupados y corren cubiertos con ropa delgada. Aun de mediodía, hay aguanieve bajo algunos magueyes. Algunos activistas limpian el campamento mientras otros reparan las fugas en la lona usada como techo y otros apoyan en la cocina o lavan trastes.

Promovida como “autopista verde” por el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares, la Toluca-Naucalpan espera una afluencia de 10 mil vehículos diarios en cuatro carriles (dos en cada sentido) a lo largo de 39 kilómetros. Presume un avance físico de 95 por ciento (es decir, un gran avance antes incluso de expropiar los terrenos) y una Manifestación de Impacto Ambiental de 100 por ciento.

Larga estrategia de división. Testimonios de los integrantes de Consejo Supremo (autoridad colectiva otomí) dejan claro que desde 2007 el gobierno movía sus piezas en sigilo para, literalmente, abrirse camino entre el Gran Bosque del Agua.

Primero llegó discreto el personal de la constructora Teya a hacer estudios de topografía y mecánica del suelo al bosque, y marcar terreno. Luego derribaron árboles. Vinieron las preguntas de los pobladores: ¿quién les dio permiso de trabajar aquí? ¿Qué están haciendo? Al principio los funcionarios decían que sólo estaban observando el bosque. Más tarde, dejaron entrever que ya estaba en plan una autopista.

San Francisco Xochicuautla
San Francisco Xochicuautla

El 25 de febrero del 2008 en una asamblea se informó al pueblo sobre la situación. El pueblo tomó la decisión de no permitir el proyecto en sus tierras.

El contraataque. “A partir de ahí, ellos vieron que iba a ser imposible de esa manera sacar un voto favorable para que construyeran su autopista y decidieron dividir a la población convocando a que se levantara el registro de comuneros reconocidos”, explica Jaime Vargas, del Consejo.

El padrón quedó con cerca de 441 comuneros de San Francisco Xochicuautla y otros 441 de su anexo, La Concepción Xochicuautla. Un total de 882. Se hicieron más asambleas. “salió la lista de comuneros y empiezan a hacer asambleas a puerta cerrada. Los que no eran comuneros registrados no tenían derecho de participar” cuenta Antonio Miguel Reyes Valdés, en cuyo terreno se encuentra el campamento de resistencia.

El 11 de mayo del 2014, de todo el núcleo de 882 comuneros, solamente participaron 371 en la asamblea. Y de ellos, sólo 109 votaron a favor de la autopista. De lo legal, el gobierno pasó a la presión: envió granaderos. Tantos, dicen, que rebasaban en número a los comuneros presentes, quienes no podían pasar.

Además, hubo dinero en medio para quienes apoyaron el proyecto. “Les ofrecieron 40 mil 400 pesos por votar a favor de la autopista y, aun así, nada más votaron 109. Ahí para que se vea cómo el pueblo estaba en contra del paso de la autopista. Y a los 109 los convencieron porque no iban a ser afectados”.

La siguiente etapa, la represión y el decreto. Entonces vino la represión directa. Primero las detenciones de 14 opositores, y el 3 de noviembre de 2014, de otros ocho. Desde la primera detención masiva, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero comenzó a acompañar en el proceso. Pudieron salir de prisión bajo la condición de no se acercarse a los terrenos.

Los otomíes lograron revertir la asamblea amañada. Pero eso no fue el final, sino apenas el inicio una nueva etapa. “El gobierno sabía que iba a perder el juicio. Y al saber que iba a perder y ya lleva 8 años de retrasado este proyecto, expropia las tierras” explica Vargas.

El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, firmó el pasado 9 de julio, junto con Jesús Murillo Karam, ya como secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, un decreto de expropiación de 37 hectáreas, 93 áreas y 86 centiáreas de uso común.

El decreto los movió al campamento. Hasta aquí llegan pobladores de San Pedro Atlapulco y estudiantes para apoyarlos. Tras un intercambio de saludos y palabras, se comparten alimentos: habas, nopales, tortillas y frijoles. Saben que no será sencillo vencer un proyecto de esta magnitud.

Por ahora, ni policías ni maquinaria son visibles, pues días atrás llegaron visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero todos se mantienen alerta.

 

Leer en Ojarasca 220. Texto y video publicado originalmente en Desinformémonos el 28 de julio de 2015. Publicación financiada con recursos de la RLS con fondos del BMZ