Un funcionario canadiense declaró ante medios “Amamos a nuestros amigos mexicanos, pero nuestros intereses nacionales están primero y la amistad viene después“, al hablar sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Aunque Justin Trudeau, primer ministro canadiense no sea el responsable directo de las acciones de la minería fuera de territorio canadiense, no es ajeno a estas prácticas destructivas.

Unas 180 organizaciones escribieron al gobierno canadiense en abril de 2016 para que fijara una postura.  Desde antes, ya han relatado hasta instancias internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los abusos contra la población, la economía y el medio ambiente.

Contaminación del agua en los alrededores de la mina La Platosa. Ejido La Sierrita, Durango
Contaminación del agua en los alrededores de la mina La Platosa. Ejido La Sierrita, Durango

El Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA por sus siglas en inglés) dio a conocer en 2014 que las compañías de minería a larga escala de origen canadiense tienen del 50 al 70% de sus proyectos en América Latina.

También detectó diversas repercusiones ambientales, como erosión, sedimentación, hundimientos, contaminación por químicos como arsénico, aluminio, magnesio, hierro y mercurio y agentes tóxicos que fluyen en el agua que pueden dañar la agricultura y ganadería, así como deforestación.

Los proyectos mineros, según el COHA, también pueden exacerbar la pobreza al cambiar las fuentes de ingreso de los habitantes de las zonas afectadas. En esto, abunda, las firmas mineras a veces ofrecen regalos y donaciones, lo que refleja un modelo insostenible de desarrollo y crear una situación de dependencia a los megaproyectos.

El resumen ejecutivo “El impacto de la minería Canadiense en América Latina y la responsabilidad canadiense”, enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sugiere que “Canadá debe tener leyes que requieran que las compañías responsan al daño causado por sus acciones en el extranjero”. Activistas como Mariano Abarca Robledo en Chiapas y Bernardo Vázquez en Oaxaca han sido asesinados por su trabajo en las comunidades contra la minería.

Desde el punto de vista de la  Red Mexicana de Afectados por la Minería  “esas compañías aman el oro y demás minerales que se extraen de la tercera parte de México, que quedó repartido como un pastel a partir del año 2000. Así, el 70 % de las concesiones mineras de ese país México están en manos extranjeras, de las cuales un 74 % se encuentran controladas por compañías canadienses”.

En La Platosa, filial de Excellon, los efectos ambientales han sido devastadores. En medio del desierto, la comunidad que recibía una cantidad limitada de agua ahora se encuentra con lodos tóxicos grisáceos en los desagües. En Nuevo Balsas, Guerrero, el crimen organizado encontró en los habitantes y trabajadores una oportunidad de obtener recursos mediante secuestro y extorsión. En Oaxaca, activistas ambientales han sido asesinados. Ha habido casos excepcionales donde las comunidades no han permitido el inicio de actividad minera extractiva, como San Miguel el Progreso, comunidad me´phaa en la Montaña de Guerrero.

-> Revista Cambio: El lado B de la Trudeaumanía  |  1 de abril 2017 | Texto e imágenes: Prometeo Lucero