A pesar de los obstáculos de la Fiscalía de Morelos, 117 cuerpos y 9 bolsas con restos humanos fueron exhumados del panteón de Tetelcingo en las semanas posteriores.

La familia de Oliver Wenseslao Navarrete, secuestrado y asesinado en 2013, descubrió la fosa cuando halló su cuerpo inhumado de manera ilegal en el panteón.

Allí había un centenar de cuerpos sin ninguna identificación ni expediente.

En México se han registrado alrededor de 22 mil desapariciones forzadas, según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, a pesar de que el país no vive, oficialmente, un conflicto armado. Para Amnistía Internacional, la cifra aumentaría hasta 26 mil. El número es un dato impreciso y podría quedar corto, pues refiere solamente a los casos denunciados. Hay una larga contraparte de silencios.

La desaparición forzada tiene una larga historia desde la década de los 70, la ‘guerra sucia‘, como estrategia de terror del Estado mexicano contra los militantes movimientos armados y opositores al régimen. Pero desde la administración de Felipe Calderón (2006-2012) y hasta la fecha, el móvil político no es necesario. Miles de personas han sido desaparecidas por fuerzas gubernamentales o bien, por el crimen organizado. Poco éxito han tenido las historias de búsqueda por familiares y organizaciones, pero dejan testimonio de un dolor que no cesa. También reflejan la impunidad con que autoridades tratan el asunto.

Las fosas clandestinas pues, no son historia nueva. Son historia en continuidad.


La inercia social tras la búsqueda de los cuerpos de los 43 estudiantes la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, impulsó a otras familiares de víctimas a salir del silencio y comenzar sus búsquedas en Iguala, con herramientas precarias y voluntad. Se agruparon para formar el Comité de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada en Iguala, también conocidos como “Los Otros Desaparecidos”.

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